¿Vale la pena el costo de las próximas elecciones?

Sin duda la democracia es el ideal moderno de todas las sociedades. Se ha visualizado como el modelo que mejores condiciones propicia para el desarrollo paralelo de instituciones fortalecidas por la representación social, la consolidación de mecanismos para cuidar de los derechos de los ciudadanos y garantizar la participación de diversas ideologías políticas en el ejercicio del poder.

Pero algo ha pasado –al menos en México- en donde la democracia parece que se ha quedado corta en resultados. Las instituciones perdieron credibilidad y han dejado de responder a las necesidades de la sociedad; los gobernantes y quienes ocupan cargos de representación popular, están alejados por un abismo de impunidad y todo hace parecer que el juego electoral sirve solo para perpetuar un sistema lleno de beneficios para ciertos grupos de elite.

Tal como lo señala Peter Mair en su libro Gobernando el vacío. La banalización de la democracia electoral (Alianza Editorial, 2015), “estamos asistiendo a la aparición de una idea de democracia a la que se está despojando de su componente popular, alejándola del demos”.

Y agrega: “La aparición de grupos de poder, extranjeros o internos, con la capacidad de ejercer el poder sin una base legal, han traído como resultado un Estado débil, incapaz de satisfacer aspectos tradicionales de las demandas sociales”.

¿Cuál es el resultado de esto? “Todo lo anterior ha confeccionado la mayor crisis de representación en la historia de la democracia moderna… La crisis de representación, entre otros resultados, ha generado un ambiente de distanciamiento entre la ciudadanía y su democracia”, dice Mair.

Sin hablar específicamente de México, ésta bien puede ser una radiografía simple del sistema democrático nacional. Donde no solo sucede todo eso, sino que la democracia electoral, entendida como los procesos donde se designan y eligen representantes populares, han tenido costos desproporcionados en los últimos años.

En las elecciones de 2012, el costo fue de 22 mil 928.2 millones de pesos; para 2018 aumentó a 28 mil 022.5 millones de pesos -un alza del 22 por ciento- y para muchos, esto se justifica dado que serán uno de los procesos más importantes de la historia donde se elegirán 3 mil 406 cargos federales y locales.

Pero también serán las más caras de la historia y desde mi perspectiva, es el momento ideal para comenzar a analizar si este gasto en verdad es justificable, dado que es un presupuesto que está destinado exclusivamente para las campañas y el proceso electoral del 1 de julio.

Después de esto, ya habrá más presupuestos para los partidos, alguna multa por ahí por rebasar gastos de campaña y nada importante que destacar en cuestión de dineros.

Evidentemente esto no tendrá ningún impacto en la forma en que gobiernen los ganadores, por lo que este modelo es solo un proceso que justifica, valida y da cierta legitimidad al sistema de elección popular, pero tiene una influencia mínima en las posibilidades de mejorar la calidad de vida de las personas.

Es decir, gastar millonadas en las elecciones no significa nada cuando hablamos de corrupción, de impunidad, de disminuir la enorme brecha social existente y mucho menos, de la posibilidad de que los ciudadanos tengan representación política real en órganos públicos, cámaras legislativas, instituciones o en el gobierno mismo.

¿Entonces para qué gastar tanto dinero en algo que tiene poca trascendencia social y que no tiene un impacto real en la vida de las personas? Habrá quienes estén en desacuerdo con esto, pero después de 70 años se dio un cambio vía la democracia electoral; salió el PRI, llegó en PAN y que alguien me diga un cambio realmente significativo -para bien- por esta “alternancia” en el gobierno.

Después de dos sexenios salió el PAN y regresó el PRI con un porcentaje interesante de votantes y ¿qué ha pasado durante este sexenio?

Ahora se vislumbra otro posible cambio en el poder, pero lo cierto es que hasta este momento, la democracia electoral ha tenido un impacto muy limitado en la conformación de un sistema realmente democrático y representativo en México, con todo lo que esto implica.