El caso Ayotzinapa y la confusión gubernamental

El caso Ayotzinapa y la confusión gubernamental
Los últimos días de marzo, los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala montaron una especie de “antimonumento” en la Ciudad de México, en donde se manifestaron para que todo el que pasara por Paseo de la Reforma, viera que siguen en pie de lucha y exigiendo que se conozca la verdad sobre lo ocurrido con sus hijos.
Unos días después, el 1 de abril, la Procuraduría General de la República y el gobierno federal dieron a conocer –de manera unilateral-, un comunicado con relación a las conclusiones del panel de Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) sobre la dinámica de fuego ocurrida en el tiradero de Cocula, donde presuntamente fueron incinerados los estudiantes de Ayotzinapa, según la versión oficial.
“Derivado de diversos análisis practicados se puede concluir que existe evidencia suficiente, incluso observable físicamente para afirmar que sí existió un evento de fuego controlado de grandes dimensiones en el lugar denominado basurero de Cocula”, dijo la PGR.

Sin embrago, algunos aspectos que señaló el EEAF, fueron “que es indudable que hay evidencia de fuego en el Basurero de Cocula”; sin embargo, “según  muestran las imágenes satelitales de diversos años anteriores al 2014, en el Basurero de Cocula han habido múltiples eventos de fuego, que coinciden con la zona principal de quema de donde PGR y el EAAF recolectaron restos óseos humanos, residuos carbonizados, entre otros elementos”.
Pero algo que desde mi punto de vista es un dato muy alarmante, es el hecho de que el reporte señala que al menos 17 personas fueron quemadas ahí, luego de encontrar restos óseos en el basurero.
Y aquí viene lo interesante y dramático. Según el reporte, “El EAAF estableció la presencia  de un número mínimo de restos pertenecientes a 19 individuos…No se pudo establecer desde qué fecha (temporalidad) se encuentran  depositados dichos restos allí y tampoco pudo establecerse si los restos óseos humanos fueron depositados todos al mismo tiempo o en distintos eventos”.
Además – dice el EAAF-, se recuperó una prótesis parcial inferior y superior “en perfecta articulación con una raíz y un fragmento de mandíbula. Estos elementos claramente  no pertenecen a los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa ya que ninguno de ellos tenía este tipo de arreglos odontológicos y señala de presencia de restos de otros individuos en el Basurero de Cocula”.
Entonces, está comprobado que hay restos humanos en el basurero de Cocula, algunos que incluso no coinciden con los estudiantes de Ayotzinapa; luego han habido “múltiples eventos de fuego en el lugar” y finalmente, hay restos humanos en el Río de San Juan Cocula.
Esto toma un vuelco terrible con las afirmaciones del EAAF, ya que es muy probable que entonces estos restos pertenezcan a otras personas –y no a los estudiantes- que fueron quemadas en el basurero de Cocula.
¿Dónde están los restos de los estudiantes de Ayotzinapa? Aún no lo sabemos, pero lo que se ha revelado a partir de su desaparición es un escenario de terror donde se puede dimensionar el nivel de crisis humanitaria que se vive en esa región de Guerrero.
Según cifras de la PGR, se han localizó 63 fosas clandestinas en Iguala con 662 cuerpos, de los cuales solo 117 han sido identificados, pero no se contabilizan las encontradas por autoridades locales.
En Octubre de 2014, una semana después de la desaparición de los 43 estudiantes, fue el mes cuando se localizaron más fosas, pues se hallaron 11 con un total de 39 cuerpos. Le siguieron enero y abril de 2015, cuando se descubrieron al menos 10 enterramientos en cada mes.
Es decir, el caso de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa ha abierto una caja de pandora que muy pocos alcanzan a dimensionar y que no se trata solamente de los 43 jóvenes, sino que son 545 personas que algún desaparecieron de la faz de la tierra y nadie más ha sabido de ellos.
Por otra parte, el gobierno federal ya ratificó su decisión de no dar más prorrogas a la labor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que apoya también en las investigaciones sobre la desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero, para dar por terminada su relación oficial en esta caso el próximo 30 de abril.
El caso Ayotzinapa sigue estorbando al gobierno federal y su política de derechos humanos, ante lo cual decide mejor cerrar el caso y con ello la posibilidad de recomponer la credibilidad de las instituciones de justicia en el país, pero deja abierta una herida enorme que marcó la imagen de México en todo el mundo.

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