¿Se puede salvar a México?
Esta pregunta puede resultar metafórica para algunos; exagerada para otros o inútil para ciertos sectores. Pero la gran incógnita es ¿salvarlo de qué? Esto me saltó luego de ver la película Tlatelolco, verano del 68, del director Carlos Bolado y que recrea desde una perspectiva de un amor juvenil, el movimiento estudiantil que terminó en la masacre del 2 de octubre de 1968.
Bueno, entonces resulta que en esta cinta, Paco (hermano de Félix, el protagonista) es un policía de la Dirección Federal de Seguridad, el grupo de elite del gobierno federal encargado de espionaje, desapariciones y persecuciones de grupos disidentes o “enemigos” de la “paz pública”.
Es también uno de los encargados de torturar a los estudiantes y luego de la detención de Félix, le dice que “este país nadie lo puede salvar”.
México desde ese entonces ha cambiado, dejó de ser un país con una “dictadura perfecta” para pasar a ser una “democracia ejemplar”. El gobierno dejó en teoría de ser un ser oscuro y autoritario, para dar paso a uno más institucional y “respetuoso” del sentir popular.
Ahora somos vistos desde el exterior como un país moderno, en camino (que parece eterno) hacia el pleno desarrollo y con políticas financieras y económicas, que lo hacen atractivo a los inversionistas internacionales.
Pero del otro lado de la moneda, desde la perspectiva de seguridad y justicia, existe un país muy diferente.
Si en 1968 los estudiantes se manifestaban en contra de un gobierno autoritario y asesino, ahora son igualmente víctimas de violencia, desapariciones y abusos, pero al parecer (porque en realidad nadie lo sabe a ciencia cierta quién lo hace) es el crimen organizado el que se encarga de estas atrocidades.
¿Y las instituciones, las autoridades y los cuerpo de seguridad oficiales, qué hacen al respecto? Muy pocos tendrían respuesta a esto, pero lo cierto es que el sistema de seguridad y justicia no funciona igual para todos.
A casi cuatro años de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, los familiares de estos jóvenes han peleado contra todo el sistema oficial para obligarlos a realizar las investigaciones tal como sería su obligación hacerlo.
Tras una larga lucha legal, el Consejo de la Judicatura Federal informó que el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Décimo Noveno Circuito, “ordenó reponer la investigación del caso Ayotzinapa dada la gravedad de las irregularidades detectadas, así como la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala”, según lo informó Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Al menos este caso, que conmocionó literalmente al mundo y que fue el fin de la PGR, los familiares aún tienen una luz de esperanza de que se haga algo –aunque sea mínima- de justicia.
Pero luego están los tres estudiantes de Jalisco desaparecidos y aparentemente disueltos en ácido por miembros del narcotráfico y el crimen organizado; junto con cientos de miles más que no aparecen y de los cuales nadie sabe dónde están.
Sin duda, este es el sexenio más violento de la historia reciente en México y según cifras oficiales, se han registrado 104 mil carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso.
Y si faltaba algo más a esta desgracia, del 2006 a la fecha la Fundación para la Justicia y el Estado de Democrático de Derecho tiene un registro de al menos 5 mil 452 menores de entre 0 y 17 años desaparecidos.
Ese fue el PRI de los sesenta y setenta del siglo pasado, y este el “nuevo PRI” del siglo XXI. Con condiciones y situaciones diferentes; pero ya sea con participación directa o por omisión, ellos han sido copartícipes y cómplices de estas dos etapas muy oscuras de la historia reciente del país.
Entonces, a 50 años (o 50 décadas según la escala Peña Nieto), ¿por qué seguimos viviendo estos hechos violentos? ¿En ese sentido, México ha avanzado en algo en materia de derechos humanos y justicia? ¿Entonces, el país se puede salvar de alguna manera?
