Ya me cansé…de tanta muerte
¿A quién hay que culpar? ¿A los criminales que mataron y
quemaron a los 43 normalistas de Ayotzinapa? ¿Al gobierno federal? ¿A Ángel
Aguirre, José Luis Abarca o el PRD? ¿A ese gran sector de la sociedad que sigue
pensando que en México no pasa nada y la crisis humanitaria es un mito? ¿O a
toda la población en general que no hemos sido capaces de exigir, obligar y
condicionar a todas las autoridades a que cumplan con su deber y si no pueden,
que se larguen?
El caso Ayotzinapa ha puesto en evidencia la crisis que vive
el estado de derecho en México. Es una crisis política y moral. Política porque
ya se comprobó que la alternancia ha sido simplemente una triste ilusión. Ninguna
fuerza ni ningún partido político, ha sido capaz de revertir la desconfianza,
hastío y desesperanza que tiene un enorme sector de la
sociedad en materia de
seguridad y justicia.
Moral, porque los gobernantes –y vuelvo a repetir, de
cualquier partido y color- han seguido el modelo de corrupción que parece ser
su fórmula de éxito. Ahora, muchos de los gobiernos locales y estatales, están
corrompidos por el crimen organizado y se han convertido en el socio perfecto
para que los delincuentes puedan manejar a su antojo a los encargados de las
policías e instituciones de justica, los presupuestos públicos y hasta los
recursos naturales –que se suponen- son de todos los mexicanos.
Esto ha provocado que un grupo de criminales tengan el poder
para secuestrar a 43 estudiantes, asesinarlos, quemarlos y desaparecerlos nada
más porque ellos creían que “eran contras y trabajan para otro grupo”.
¿Pero por qué pueden hacer esto con toda libertad? Porque
están simple y sencillamente por encima de ley,
protegidos por esos gobernantes corruptos que en lugar de buscar el bien
común, están sujetos –algunos por elección propia y otros obligados- a las
decisiones de los criminales.
Muchos teóricos no aceptan el uso del concepto “Estado
Fallido” para la actual situación que vive México; sin embargo, algunos estados
del país se han convertido en “Estados frágiles” ya que son incapaces de
garantizar seguridad y estabilidad, además de que han perdido el “monopolio
legítimo de la violencia”, como lo señala Max Weber.
Ante este escenario, Ayotzinapa es la mejor muestra –pero no
la única- de que la justicia, el uso legítimo de la violencia y la lucha por
los territorios, están en manos de algunos criminales a través del gobierno
mismo. Una aberración teórica, pero no se puede explicar de otra manera el
hecho de que los encargados de los despachos locales en materia de seguridad,
justicia e incluso del poder ejecutivo mismo, obedezcan órdenes y cuiden los
intereses de los criminales y no de la sociedad misma.
Pero Ayotzinapa también es el motivo que necesitaba la
sociedad para expresar un “Ya me cansé” –como bien lo dijo Murillo Karam- ante
las acciones gubernamentales que son reactivas y no preventivas. De nada sirve
buscar a los desaparecidos, si lo importantes es evitar que desaparezcan. El saber
cómo los mataron no ayuda en nada, porque el hecho real es que no los tendrían
que haber matado.
No funcionan las estrategias de seguridad. Se sacó al
ejército a las calles y se desató una guerra, que según el auto exiliado
presidente anterior, era para frenar que los criminales siguieran corrompiendo
las instituciones de gobierno. Al parecer todo esto fracasó.
Se han detenido o están muertos las cabezas más visibles de
Los Zetas, Los Beltrán Leyva, Los Arellano Félix, de los Carrillo Fuentes,
Cártel del Golfo, La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios. Otros líderes
de grupos emergentes como Guerreros Unidos o Jalisco Nueva Generación han sido
asegurados e incluso el famosísimo “Chapo” Guzmán está preso; y sin embargo,
nada de esto ha propiciado que la violencia disminuya o que las células de
estos grupos pierdan fuerza.
Y lo peor de todo, es que ni las detenciones, las sentencias
o las extradiciones han impactado en los delincuentes para frenar sus
actividades por miedo a las represalias judiciales que pueden tener.
Operan con la mayor impunidad a sabiendas de que una
detención no frena su poder e incluso, con astucias o vacíos legales, pueden
salir libres porque el estado se equivocó a la hora de mostrar pruebas o porque
sus “derechos fueron vulnerados”. Incongruencias de nuestro México.
Por eso el enojo, la desesperación y la indignación que ha
mostrado la sociedad por el caso Ayotzinapa. Porque nada de lo que ha hecho el
gobierno anterior y la actual administración, ha funcionado en lo más mínimo
para reducir la violencia y los abusos en contra la sociedad civil, perpetrados
por estos grupos criminales.
Ya no queremos pactos, acuerdos o “unir fuerzas en estos
momentos difíciles”. Queremos resultados inmediatos y sobre todo, estrategias
efectivas para combatir los abusos en contra de la sociedad. Porque en ninguna
circunstancia se puede justificar un asesinato, pero mucho menos se puede
ignorar y dejar en el olvido a todas esas comunidades que llevan años sometidas
y atemorizadas por los criminales.
En algún momento alguien se va armar y va enfrentar a los
criminales como lo han hecho las policías comunitarias y las autodefensas. Un
método que ha funcionado en muchas regiones de Guerrero y al parecer en
Michoacán.
Pero Ayotzinapa es y seguirá siendo por un largo rato, el caso
que más ha golpeado al gobierno federal, que aunque es culpable en cierta
medida, también demuestra que estamos ante el peor momento del sistema que se
jacta de ser federalista, en donde muchos de los gobernadores son los grandes
caciques que han permitido que sucedan casos como el de los estudiantes
guerrerenses asesinados y de tantos otros casos similares, que siguen bañando
de sangre todo el territorio nacional.
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