La sociedad tiene muy mala percepción de las autoridades
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| LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA ES UNO DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS |
Según la encuesta de “Seguridad y confianza ciudadana”,
realizada por el Centro de
Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara
de Diputados, el “49% de la muestra considera que las autoridades son parte de
la delincuencia, 20.7% considera que hacen lo necesario, mientras que 16%
considera que no trabajan o no funcionan, y sólo 6.1% considera que las
autoridades hacen bien su trabajo”.
Esto no es cosa simple. El hecho de que casi la mitad de los
encuestados considere que las autoridades tienen algún vínculo con el crimen
organizado o con células delincuenciales, habla de la falta de confianza que
existe en estos momentos justo cuando los niveles de violencia siguen
aumentando en muchas regiones del país.
Pero las cosas se agravan aún más cuando se habla de temas
de justicia. “El 68% de los encuestados
manifiestan que NO han presentado alguna denuncia en el Ministerio Público” y
solo 6% confía en el MP.
Esto en un entorno en donde el “58% de los entrevistados se
sienten inseguros en el lugar en donde viven y 67.6% cree en la posibilidad de
ser víctima de algún delito”, según esta encuesta.
Es decir, aumenta nuestra percepción de inseguridad pero
disminuye la confianza en las autoridades encargadas de la procuración de
justicia. Somos más vulnerables hacia la delincuencia y cada vez nos sentimos
menos protegidos por las autoridades y las instituciones.
Una regla diametralmente opuesta a la que en teoría deberíamos
tener. Menor delincuencia, mejor aplicación de la justicia y mayor confianza en
las autoridades y las instituciones. Y como no es así, entonces la brecha de
impunidad es cada vez más amplia y perversa.
Y tan solo hay que ver por el retrovisor, para darnos cuenta
de que la percepción de la sociedad que nos muestra esta encuesta, tiene
elementos suficientes para justificar su desconfianza en las autoridades en
general.
El caso Iguala y la desaparición de los 43 estudiantes de la
Norma de Ayotzinapa es el pináculo de toda una estructura infectada por la
corrupción, la violencia y autoridades locales que para estos momentos, ya no
pueden hacer nada contra el crimen organizado.
Policías municipales, ministerios públicos locales y hasta
policías federales intervinieron o estuvieron en los lugares de los hechos
donde bandas de narcotraficantes secuestraron a los estudiantes en septiembre
de 2014, y es el momento en el que nadie sabe de ellos.
O la reciente resolución sobre el caso de la Guardería ABC
donde murieron 49 bebés en junio de 2009, ya que apenas el pasado 13 de mayo el
juez federal Raúl Martínez Martínez emitió su sentencia por delito de homicidio
y lesiones culposas, considerados “delitos no grave” contra los inculpados.
Sin embrago, según el Movimiento Ciudadano por la Justicia
Cinco de Junio, “dicha sentencia es deficiente en cuanto no esclarece las
causas estructurales de las condiciones de inseguridad en la Guardería,
subrogada por el IMSS, y tampoco deslinda claramente las responsabilidades de
las diferentes personas procesadas en la causa penal de referencia”.
Y agrega: “aunado a lo anterior la sentencia no toca a
funcionarios federales de medio y alto nivel, en relación a la cadena de mando
y responsabilidades, por mencionar algunos nombres Eduardo Bours, Daniel Karam,
Karla Rochin, respecto de los cuales la Procuraduría General de la Republica
(PGR), no presentó consignación ante ninguna autoridad jurisdiccional,
decidiendo tampoco ejercer acción penal contra las cuidadoras de nuestros bebés”.
Estos hechos son significativos porque escandalizaron a
México y tuvieron repercusiones internacionales. Sin embargo, la justicia y las
acciones por parte de las autoridades “para llegar al fondo del asunto y
castigar a los culpables” –esta frase que se repite y se repite-, ha sido lenta
y tendenciosa; nada nuevo en nuestro sistema.
Así, que la sociedad desconfíe de las autoridades y las
considere parte de la delincuencia, es parte de una realidad en donde los
ciudadanos de a pie estamos en medio de un fuego cruzado en el que somos
víctimas por partida doble y podemos ser atacados por el crimen organizado o
desde las propias instituciones, en donde la actitud de los funcionarios y su
falta de escrúpulos han orillado a que el 48.9% de los encuestados afirmen que
no denunciaría los delitos de los que fuera víctima.
Y gracias a todo esto, la impunidad sigue creciendo como una
bola de nieve que arrolla instituciones, autoridades y sociedad.
