Organizaciones de la sociedad civil mexicana respaldan el informe de la CIDH
 |
| Organizaciones de la sociedad civil mexicana respaldan el informe de la CIDH |
(Comunicado de Prensa)
Las
organizaciones de la sociedad civil lamentamos que, ante la publicación del
informe sobre la “Situación de derechos humanos en México”, la primera reacción
del gobierno a través de su Cancillería, la Secretaría de Gobernación y la
Procuraduría General de la República, haya sido la de descalificar al mensajero
y la de negar los hechos. Este pronunciamiento forma parte de una serie de
rechazos del Estado mexicano hacia las observaciones de organismos
internacionales de derechos humanos.
El pasado 28
de septiembre de 2015 integrantes de la CIDH realizaron una visita a México que
terminó el 2 de octubre del mismo año. Tras su estadía en el país y previa
documentación de la situación, el día de hoy se publicó su informe sobre la
“Situación de derechos humanos en México”.
Dicho informe hace referencia no
sólo a casos de extrema violencia vivida en México en tiempos recientes, sino
que la ubica dentro de un contexto de impunidad imperante desde hace décadas.
Partiendo del
establecimiento de un contexto de la violencia generalizada, la CIDH reconoce
que las autoridades estatales fuente de esta violencia son la SEDENA, SEMAR,
PGR, Procuradurías locales, personal penitenciario y el INM y aduce que
“miembros de las fuerzas militares e incluso de ministerios públicos, han sido
vinculados con presuntas graves violaciones a los derechos humanos que permanecerían
en la impunidad”.
En este
sentido la CIDH señala que las “fuerzas militares en actividades de seguridad
ciudadana se había visto en la década de los años 60 y 70, y posteriormente en
los 90 con el movimiento armado en Chiapas”, y que “durante el gobierno del ex
presidente Felipe Calderón y el inicio en el 2006 de la llamada ‘guerra contra
el narcotráfico’, las graves situaciones de violencia aumentaron hasta alcanzar
niveles alarmantes, incluyendo la consecuente pérdida de más de cien mil personas,
miles de desapariciones y un contexto que ha provocado el desplazamiento de
miles de personas en el país.”
En ese
sentido, la CIDH recomienda asumir la responsabilidad histórica de rendir
cuentas sobre las graves violaciones a los derechos humanos, desde la Guerra
Sucia hasta la actualidad.
El informe
aborda una multiplicidad de problemas que van desde la alarmante situación de
las personas desaparecidas; la práctica generalizada de la tortura; las
ejecuciones extrajudiciales; los impactos de la violencia en grupos en especial
situación de vulnerabilidad, como es el caso de las personas migrantes, los
desplazados y las poblaciones indígenas afectadas por “megaproyectos en tierras
y territorios ancestrales autorizados sin el debido proceso de consulta y
consentimiento previo, libre e informado”; y las limitaciones al acceso a la
información en casos de graves violaciones a los derechos humanos por razones
de seguridad nacional.
Sobre esto
último, la CIDH constató un importante retroceso en materia de transparencia
proactiva: “los organismos de defensa han dejado de informar periódicamente
sobre muertes ocurridas en operativos”.
Según el informe, el Ejército y Marina
reconocieron “que ya no registran ni informan sobre los heridos y muertos en
las acciones militares conducentes a combatir el crimen organizado”.
Todos estas
problemáticas tienen un denominador común: la falta de acceso a la justicia. En
consideración de la Comisión, la falta de acceso a la justicia ha generado “una
situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar
y en ciertos casos impulsar la repetición de las graves violaciones a los
derechos humanos.”
Así es como
la CIDH coloca como principal desafío del Estado mexicano “romper el ciclo de
impunidad imperante a fin de lograr una efectiva prevención, investigación,
procesamiento y sanción de los responsables de violaciones de derechos
humanos”, dado que la violencia se alimenta “del miedo que generan los grupos
del crimen organizado que actúan en nombre propio y en algunas ocasiones en
colusión con las autoridades a lo largo del territorio mexicano así como por la
consecuente impunidad –proveniente desde la llamada “Guerra Sucia”– que rodea
estos hechos.
Así, las
organizaciones firmantes, hacemos un llamado a una postura abierta y
constructiva por parte del gobierno, que tenga sus cimientos en el
reconocimiento de la crisis generalizada de derechos humanos que vive nuestro
país, con la consecuente aceptación incondicional del diagnóstico de la
situación y de todas y cada una de las recomendaciones formuladas por la CIDH.
Éstas son el
fruto de un arduo trabajo de investigación de la propia Comisión, de organismos
internacionales, de organizaciones de la sociedad civil, con base en los datos
proporcionados por el propio Estado mexicano. Hacer caso omiso de estas
recomendaciones significaría, una vez más, el desdén gubernamental hacia una
política real que tienda a erradicar las violaciones a los derechos humanos de
la sociedad mexicana.
