Los aplausos llenan el alma del…político
Hasta hace muy poco tiempo, se creía que los aplausos era lo
que de verdad alimentaba el alma y el espíritu de los artistas e intérpretes. Pero
a partir del pasado martes de 3 febrero, se comprobó algo que muchos ya
sospechábamos: que para los políticos, los aplausos tienen el mismo efecto pero
no en su alma, sino en su ego.
Un discurso político está preparado y pensado con un ritmo
de lectura para hacer pausas, incitar a los oyentes a interactuar y la única
forma “políticamente correcta” de hacerlo, es con aplausos. Si la sala se queda
quieta, callada e incluso distraída, es prácticamente un insulto para el
orador.
Eso fue lo que nos demostró Peña Nieto, cuando presentó su
plan de ocho acciones contra la corrupción en el gobierno y anunció a Virgilio
Martínez como secretario de la Función Pública.
Luego de un discurso de más o menos 16 minutos, lo único que pudo decir
ante el silencio incómodo de la sala –lleno de periodistas- fue: “ya sé que
ustedes no aplauden”.
Pero la pregunta de fondo sería: ¿este anunció da para
aplaudir? ¿Con lo anunciado, deberíamos ponernos de pie y aplaudir sonoramente
ese discurso?
La realidad indica que existe una necesidad de legitimar las
acciones de gobierno –en general, no solamente del federal-, con respecto al
actuar de los funcionarios y los recursos públicos o negocios derivados de su
labor, pero lo triste de estos anuncios es que no hay nada legalmente
establecido para sancionar y castigar los casos en donde se compruebe algún ilícito
de este tipo.
Y el primer encargo de Peña Nieto para su flamante “zar
anticorrupción”, es revisar si existe algún conflicto de intereses con respecto
a la compra de la casita de su esposa, la de él en Ixtapan de la Sal y la de
Luis Videgaray.
Lo que aún no queda claro es el hecho de que en caso de que
efectivamente exista un conflicto de intereses, ¿cómo se va a castigar a los
responsables? Para muchos expertos, no hay forma de que se pueda juzgar a un
presidente por un tema así, lo que derivaría solo en otro escándalo mediático y
no en un proceso que conlleve un castigo o sentencia para los culpables.
¿Y si la “casa blanca” de “Doña Gaviota” también hubiera
sido fruto de acuerdos entre la empresa que le cedió el crédito para la compra,
cómo se castigaría a la primera dama? ¿Qué cargos se le pueden fincar o qué
castigos le vendrían?
Pero además de todo, los ocho puntos anticorrupción de Peña
Nieto empezarán a aplicar de forma efectiva a partir de mayo, cuando todos los
funcionarios están obligados a entregar sus declaraciones patrimoniales y otra
donde estipulen posibles casos donde existan conflictos de intereses.
"La corrupción en México es un problema estructural que
entre todos debemos enfrentar y a pesar de los esfuerzos emprendidos en la
última década, la percepción no ha mejorado” dijo Peña Nieto durante su
discurso.
Y tiene razón. Sobre todo cuando se habla de políticos y
peor aún, cuando se ha demostrado que ahora se tiene que considerar a los
narcopolíticos. Por eso la percepción social no cambia, porque son ellos mismos
los que se empeñan en seguir ejerciendo sus funciones bajo simulaciones y poca
claridad en el manejo de los recursos públicos.
Sin embrago, a pesar de este esfuerzo del gobierno federal
por fortalecer los mecanismos anticorrupción y que han visto con muy buenos
ojos la iniciativa privada, otras fuerzas políticas incluso el representante
Regional de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito,
Antonio Mazzitelli, quien considera que también puede ser un freno para el
crimen organizado, para muchos especialistas en temas de corrupción, esto no es suficiente.
Y no es suficiente por tres factores fundamentales:
1)
Porque la Secretaría de la Función Pública y su secretario, dependen del
ejecutivo.
2) Porque esta secretaría sigue teniendo atribuciones muy limitadas
y no es independiente.
3) porque la legislación en materia de corrupción sigue
teniendo vacíos y no hay ninguna iniciativa que los resuelva.
Los partidos políticos pueden alinearse a estas medidas y
obligar a sus militantes, aspirantes, candidatos y funcionarios a ser
“honestos” a la hora de hacer sus declaraciones, pero lo triste de esto es que
no es una cuestión de ética personal y profesional, sino una simple
normatividad que tendrán que cumplir.
Con esto se puede tener cierto control sobre actos de
corrupción en el gobierno, pero no se elimina ni se modifica el problema de
fondo, que es la predisposición que tienen los políticos de hacer que sus cargos
les reditúen beneficios personales de largo alcance.
Y si no, nada más hay que recordar aquella frase del
profesor Hank González -uno de los iniciadores y guía del grupo Atlacomulco, que
paradójicamente ahora está en el poder-, cuando acuñó aquella frase inolvidable de “que
un político pobre es un pobre político”.
Moraleja: no morderás la mano que te da de comer….
