Entre “moches” y cobros de piso a presidentes municipales
“Van y me exigen dinero, y yo no estoy dispuesto a dárselo a nadie y si hay algún problema por eso, pues lo seguirá habiendo porque no puedo dar el dinero que es del pueblo”. Este era el argumento que utilizaba Gustavo Garibay García, presidente municipal de Tanhuato Michoacán, asesinado a tiros el pasado 22 de marzo a las puertas de su casa.
Garibay García fue uno de los alcaldes que levantó la voz para denunciar las extorsiones a las que eran sometidos algunos presidentes municipales por parte del crimen organizado enMichoacán, pero también fue una persona que exigió a las autoridades estatales y federales que frenaran estos actos.
Presidentes municipales muertos
Así como Gustavo Garibay, son ya seis ediles muertos en los últimos seis años en Michoacán. Todos de forma violenta y presumiblemente a manos del crimen organizado. Ser presidente municipal es sinónimo de practicar una especie de heroísmo descomunal y poner en riesgo la vida en cada decisión que toman.
Si acceden a las extorsiones y exigencias para conceder las obras públicas a gente ligada al crimen organizado, las autoridades federales y la justicia los condenan por cooperar con los delincuentes y por ende, se convierten en uno de ellos.
Si no acceden, levantan la voz –como lo hizo Gustavo Garibay- y defienden su derecho de gobernar, entonces los acribillan sin mayor problema. En cualquiera de las dos situaciones, su cabeza está en juego.
Michoacán es pues el estado –al menos hasta ahora-, en donde se han presentado el mayor número de extorsiones, amenazas y asesinatos de presidentes municipales. Pero antes fue Tamaulipas o Nuevo León, lo mismo que Veracruz y Chihuahua en su época de extrema violencia.
Los criminales y los legisladores
Indigna que suceda esto, porque vulnera gravemente el espacio de acción de los ediles, limita sus facultades y se elimina cualquier posibilidad –en los casos en donde exista la intención de hacerlo-de gobernar en beneficio de las comunidades, muchas de ellas empobrecidas y hambrientas de antemano.
Es ilegal –o al menos debería serlo- que el crimen organizado exija cuotas a los funcionarios locales, asignaciones de obras públicas a través de empresas o contratistas vinculadas al crimen organizado y extorsiones a los presidentes municipales bajo amenazas de muerte, pero ¿es igualmente ilegal -o solamente ilegítimo- que los legisladores federales también pidan “diezmos” o “moches” a cambio de asignación de presupuestos para obras en sus comunidades?
Ahí está el caso de Luis Alberto Villareal, coordinador de la bancada panista en la Cámara de Diputados, quien es acusado -desde el año pasado- de exigir a presidentes municipales deGuanajuato, “una cuota” o “un moche” del diez por ciento para asignarles partidas especiales para obras públicas a sus municipios.
Además, también el diputado supuestamente trató de imponer una de las empresas constructoras del Grupo CACEBA SC, para realizar dichas obras públicas.
Un tema que ha causado mucho revuelo en el ámbito legislativo y que no ha quedado claro aún si esto es cierto, pero como dice el dicho “si el río suena es que agua lleva”.
PAN, PRI y PRD
Ha sido tan mediático el tema, que ahora los aspirantes a la dirigencia nacional del PAN utilizan estos ejemplos de corrupción como herramientas mediáticas para golpear a sus contrincantes, algo en lo que se han especializado los panistas desde el 2006, cuando se dieron cuenta que su mejor arma electoral son las guerras sucias y los golpes bajos, aún entre ellos.
Pero justo en esta semana, corrió el rumor de que Manlio Fabio Beltrones, el gran capo del PRI en la Cámara de Diputados, también utilizó este método de “intercambios” con los presidentes municipales para asignaciones de presupuestos.
Y más aún, Andrés Manuel López Obrador le entró al tema de los “moches” y señaló que no solamente el PAN y el PRI lo hacen, sino que “lo mismo han hecho coordinadores del PRD”.
Ya sea que se juegan literalmente la vida en el puesto o que traten de impulsar su carrera política a la sombra de figuras influyentes a nivel federal, los presidentes municipales están coartados por el hecho de tener que beneficiar a ciertos grupos y no a la sociedad misma.
Seguramente por esos se dan casos donde, como ciudadanos comunes y corrientes, no entendemos el por qué de algunas decisiones gubernamentales –en todos los niveles- que a simple vista resultan incoherentes o sospechosas.
El México de los "moches"
Se habla de que México es una república federal, pero lo cierto es que en la práctica, todo se decide desde el centro. Se quiere fortalecer la figura de municipalidad y no se combaten las acciones que merman su poder y su autoridad.
Por eso la ciudadanía no confía en sus políticos ni en sus representantes legislativos, porque
la impunidad con la que actúan algunos, refuerza la idea de que la corrupción y los actos delictivos se cometen con la misma arbitrariedad si vienen de grupos del crimen organizado que si vienen de las altas esferas del poder, donde además se escudan con el argumento de que se presenten pruebas a las autoridades competentes, cuando de antemano saben que tiene fuero y son “intocables”, hasta que alguien más poderoso diga lo contrario…
