De Tlatlaya para el mundo ¿fusilados o abatidos en enfrentamientos?
Hasta antes del 30 de junio de 2014, el poblado de Tlatlaya en
el Estado de México, era completamente desconocido. Pero todo cambió entre las
3:00 y las 5:00 de la madrugada del domingo 29 de junio.
Un “enfrentamiento” entre miembros del ejército y 22
supuestos secuestradores -miembros del cártel de la Familia Michoacana- ha
cambiado la historia de este poblado y ha dañado profundamente la imagen de la
Sedena, la Procuraduría de Justicia del Estado de México (PJGEM) y de la PGR.
Versión oficial
La versión oficial de la Sedena de lo ocurrido es ese
poblado fue que un grupo armado que custodiaba una bodega atacó al convoy
militar, quienes repelieron el ataque y abatieron a 22 presuntos secuestradores
durante la refriega y se liberaron tres mujeres víctimas de secuestro.
“El saldo del tiroteo fue de 21 hombres y una mujer
asesinada, y un soldado herido…y se confiscaron 25 armas largas, 16 de ellas
eran fusiles AK-47, calibre 7.62x39mm, seis fusiles AR15, calibre 0.223, un fusil
marcar Calico, y dos escopetas calibres 12 y 0.22…
“…Además el aseguramiento de 13 armas cortas, cuatro de
ellas calibre 9mm, tres calibre 0.45, tres calibre 0.38 súper, una calibre 0.22
y un revólver 0.38 especial, además de una granada de fragmentación, 112
cargadores y cartuchos de diversos calibres”, dice el comunicado oficial.
Nada extraño en estas líneas. Pero unos días después la
historia tomaría otro cauce muy diferente cuando reporteros de la Agencia TheAssociated Press, fueron a la bodega señala como el lugar donde se dio el
enfrentamiento y documentaron evidencias en donde podría haber pruebas que 21
de los 22 delincuentes abatidos, pudieron haber sido asesinados a sangre fría.
Después de esto, ninguna autoridad o institución dijo nada.
La PGJEM y la PGR simplemente negaron esta versión. Pero esto sirvió como
antecedente de que algo andaba mal en las declaraciones oficiales.
Investigaciones periodísticas
La prensa internacional retomó el caso y poco a poco fueron
escarbando hasta llegar a testigos presenciales de los hechos, quienes dan una
versión totalmente diferente de lo sucedido.
La revista Esquire Latinoamérica ha publicado un avance de
un reportaje que podría ser devastador para las fuerzas armadas, el gobierno
federal y la imagen de México ante el mundo en temas de derechos Humanos.
En el texto donde se entrevista a Julia, una testigo presencial de los hechos, esta revista recrea
parte de lo sucedido la madrugada del domingo 29 de junio en la bodega de
Tlatlaya.
“Ellos (los soldados) decían que se rindieran y los muchachos
decían que les perdonaran la vida… Todos salieron. Se rindieron,
definitivamente se rindieron. (…) Entonces les preguntaban cómo se llamaban y
los herían, no los mataban. Yo decía que no lo hicieran, que no lo hicieran, y
ellos decían que ‘esos perros no merecen vivir’. (…) Luego los paraban así en
hilera y los mataban. (…) Estaba un lamento muy grande en la bodega, se
escuchaban los quejidos”, dice parte del relato de esta mujer que fue señalada
como una de las tres víctimas liberadas del supuesto secuestro.
Esto coincide con lo que AP recabó. No hubo un
enfrentamiento prolongado, los supuestos delincuentes no murieron durante la
batalla y en cambió, pudieron haber sido fusilados.
Patrones repetitivos mostraban manchas de sangre en las
paredes, como si las personas hubieran recibido disparos a la altura del pecho
mientras se estaban de pie y no en los lugares en donde encontraron los cuerpos
horas después gente de la PGJEM.
Abusos y violaciones de derechos humanos
México tiene graves problemas en temas de derechos humanos.
El ejército se encuentra en una grave crisis de credibilidad debido a que se le
acusa de ser los autores de desapariciones forzadas, detenciones sin orden
judicial y ahora de asesinatos masivos.
Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); de
diciembre de 2012 a abril de 2014, se han presentado 1050 quejas contra
personal castrense. De 2007 al primer trimestre de 2014, la CNDH había emitido
115 recomendaciones a la Sedena por
conductas ilícitas y violatorias de los derechos humanos.
La Sedena afirma que ha actuado en contra de “368 elementos
castrenses acusados de algún delito cometido durante su labor militar; de los
cuales 193 fueron indiciados en el fuero de guerra, 103 procesados, 46
sentenciados, ocho absueltos y 16 tienen calidad jurídica de prófugos”.
Pero estos números son muy bajos tomando en cuenta la
realidad que vive México. Para Christof Heyns, relator especial de la ONU sobre Ejecuciones
Extrajudiciales, los excesos de la
“represión militar y la falta de una
rendición de cuentas por los atropellos cometidos, han provocado una situación
de impunidad sistemática y endémica donde solo del 1% al 2% de los delitos,
incluidos los homicidios, dan lugar a sentencias condenatorias”.
El caso de Tlatlaya ha alertado al mundo y el gobierno
mexicano está bajo presión. Esto puede ser tan grave que incluso pueden rodar
cabezas de gente involucrada en el caso.
Lo triste de todo, es que seguramente
no es la primera ni será la última de las ejecuciones extrajudiciales por parte
de miembros de las fuerzas federales, en esto que malamente se ha denominado
“la guerra contra el crimen organizado”.
