Ayotzinapa pude ser el infierno de Peña Nieto y el PRD
No se resuelve nada aún del caso Ayotzinapa. Los 43
estudiantes siguen en calidad de “deaparecidos”, el ex alcalde de Iguala, José
Luis Abarca, sigue sin ser detenido y mientras más cepillan la zona más fosas
clandestinas encuentra. Lo único nuevo es que Ángel Aguirre renunció.
Estas son las cifras de cómo se ha desarrollado la
investigación según datos oficiales. Han sido detenidos 36 policías municipales
(22 de Iguala y 14 de Cocula), 17 integrantes de la organización criminal
“Guerreros Unidos” han sido detenidos, más la captura de quien para las
autoridades es el máximo líder de este grupo, Sidronio Casarrubias Salgado.
Además, se ha confirmado la exhumación de 28 cuerpos de la
primera fosa, aunque todavía no hay resultados de los otros 19 lugares en donde
también se han encontrado más entierros clandestinos.
De estos cuerpos –según la PGR-, ninguno pertenece a los 43
estudiantes desaparecidos.
Es decir, todavía nadie sabe en dónde están los
desaparecidos. No hay indicios si están muertos o vivos o si en realidad
podrían ser algunos de esos cuerpos encontrados.
Pero el caso de los estudiantes asesinados y desaparecidos
de la Escuela Normal de Ayotzinapa evoluciona
hacia uno de los escenarios que siempre pone nervioso al gobierno
federal.
Cada vez hay más participación social para exigir una
respuesta rápida de las autoridades, pero sobre todo, ahora es muy evidente que
organizaciones políticas -algunas incluso con antecedentes radicales- y hasta
grupos guerrilleros, están activos en estas protestas.
Según información publicada por algunos medios- entre ellos
la revista Proceso-, el gobierno federal ya ha realizado un trabajo de
inteligencia para ubicar las organizaciones, grupos y líderes que se suponen
están detrás de las manifestaciones y protestas por el caso Ayotzinapa.
Ubican a organizaciones como la Coordinadora Estatal de
Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca, Frente Amplio de Comunidades
Marginadas del Estado de Oaxaca, Frente Único de Lucha para la Reconstrucción
de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y al Frente de Izquierda
Revolucionaria; todas vinculadas con el Ejército Popular Revolucionario (EPR).
Por otra parte, también está activa la Coordinadora Regional
de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria que –según las autoridades
federales- "desde hace tiempo se le relaciona con el ERPI".
Pero esto no tiene nada de novedoso si tomamos en cuenta que
el pasado 17 de octubre circuló en internet, un video en donde un supuesto integrante
del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), anunciaba la creación
de la “brigada de ajusticiamiento” en contra de los miembros del cártel
Guerreros Unidos.
“Se convoca al interior de nuestras filas y al pueblo en
general a la conformación de la Brigada Popular de Ajusticiamiento 26 de
Septiembre, expresamente fundada para enfrentar en aspectos político-militares
esta nueva afrenta del narcoestado mexicano y, particularmente, al cartel de
sicarios del Estado, mal llamado “Guerreros Unidos”, dice parte del Comunicado
Estatal Nº 21 publicado en apariencia por el ERPI.
Si la presencia de estos grupos guerrilleros es cierta,
entonces el gobierno federal está ante un posible resurgimiento de los llamados
movimientos políticos-sociales armados que aparentemente “no existían” en
Guerrero desde la famosa “guerra sucia” de los años setenta, en donde el
ejército y miembros de la extinta Dirección de Seguridad, asesinaron y
desaparecieron a muchos líderes y miembros de estos núcleos de la guerrilla.
Pero lo que más ha de preocupar al gobierno federal, es el
hecho de que se empieza a conformar un movimiento social en donde participan
estudiantes, organizaciones sociales, sindicatos y grupos de académicos en
varios estados del país; y hasta en el extranjero hay manifestaciones, marchas
y protestas en apoyo a las familias de los estudiantes asesinados y
desaparecidos.
Esto afecta de manera profunda la idea y la imagen de un
México en paz, moderno y en pleno crecimiento que quiere vender el gobierno
federal, sobre todo hacia afuera del país. Si el gobierno actual ya tenía
suficientes críticas con respecto a los abusos y falta de justicia en tema de
derechos humanos, el caso Ayotzinapa se podría convertir en una bomba de tiempo
si el movimiento sigue creciendo.
No hay que olvidar que Guerrero es un estado en donde los
movimientos y líderes guerrilleros han hecho leyenda. Además en algunas
regiones, tienen una base organizacional sólida con las Policías Comunitarias,
en donde han sido capaces de enfrentar al narcotráfico, los delincuentes y
hasta a los políticos corruptos, con un modelo que no permite extorsiones y
secuestros; lo que podría ser un ejemplo a seguir para otras comunidades, cosa
que el gobierno federal apenas pudo controlar en Michoacán.
Es decir, los alumnos desaparecidos de la Escuela Normal
Rural de Ayotzinapa pueden ser el
detonante que trastoque la tranquilidad
política de Peña Nieto, su gabinete y el tiro de gracia a un PRD corrupto y
cínico.
Este caso podría representar el declive de la imagen del
presidente, sus niveles de popularidad pueden ir a la baja incluso en el
extranjero y Guerrero puede ser el centro neurálgico de un problema político,
social e incluso militar, que puede marcar el sexenio y el futuro de EPN y en
definitiva, mata toda esperanza del PRD como opción electoral.
